Casi dos meses después se cometieron otros dos crímenes que indignaron a la población LGBT+: el de Jonathan Santos, estudiante de 18 años en la Universidad de Guadalajara, asesinado a tiros el 10 de agosto en Zapopan, Jalisco, y el de Javier Eduardo Pérez Hidalgo, de 34 años y conductor de Uber, cuyo cuerpo fue localizado en Morelos el 19 de agosto, mismo día de su desaparición en la Ciudad de México.
María Elizabeth, Jonathan y Javier Eduardo eran defensores de la igualdad de género y la diversidad sexual.
A estos casos se suman 11 personas LGBT+ víctimas de desaparición forzada. Aunque no se precisó en qué estados se cometieron esos crímenes, el observatorio mencionó que las desapariciones forzadas en México suelen estar vinculadas a las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad pública.
En su intervención, Sanz agregó que la violencia contra las mujeres transexuales y lesbianas comienza a ser una constante en el país, pues empiezan a registrarse más casos que los de hombres de la misma población.
Además, comentó que en la pandemia el panorama se agravó, pues las personas LGBT+, especialmente jóvenes, sufrieron violencia y rechazo dentro de sus hogares durante el periodo de confinamiento.
La activista enfatizó que los actos de odio contra la población LGBT+ responden a la falta de voluntad del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos de todas las personas.
"La desprotección del Estado sigue siendo evidente a pesar de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de adoptar campañas de prevención", dijo Sanz.
También recordó que, por primera vez, el gobierno de México recibió siete recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU en referencia a personas LGBT+, de las cuales tres estaban relacionadas con asesinatos.
Activistas y organizaciones LGBT+ han advertido en varias ocasiones que en México no existe un protocolo específico para víctimas de asesinatos por orientación sexual.
