Como parte de la violencia generalizada y de la constante violación a los derechos humanos que se vive en el país, de junio a agosto de 2018 aumentaron en 47% los casos de asesinatos de mujeres trans al pasar de 16 a 34 crímenes de odio que mantienen a México en el segundo lugar de asesinatos en el mundo, solo superado por Brasil.

En un pronunciamiento en contra de los asesinatos de la personas LGBTTTIQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual y Queer)que emitieron organizaciones y personalidades defensoras de derechos humanos por el crimen de la mujer trans Vania López Cruz, ocurrida el pasado 12 de agosto en Santa María Atzompa, Oaxaca, cuestionaron la omisión del Estado Mexicano.

La integrante de la comunidad Lésbico Gay fue ejecutada con un impacto de arma de fuego en el pecho en un camino de terracería en el municipio de Santa María Atzompa, confirmó la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto.

Según consta en la carpeta de investigación 1193/FEADAI/2018, la integrante de la comunidad LGBTTTIQ+ fue identificada como Vania López Cruz, de 24 años de edad.

En el documento exigieron al gobierno implementar acciones y políticas públicas urgentes para atender y erradicar estas extremas formas de violencias, ya que en México se tienen registrados 422 casos de mujeres trans asesinadas del 2007 al 2017.

Destacaron que “los dos últimos años han resultado los peores: toda vez que en 2016 se registraron 80 crímenes y en 2017 se tienen registrados 59. La tendencia sugiere que 2018 será uno de los tres años con mayor cantidad de casos de asesinatos de personas trans documentados desde el 2007.

Mencionaron que de acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, México ocupa el segundo lugar en el mundo, con 257 asesinatos desde que comenzó el monitoreo y recolección de información y solo es superado por Brasil que tiene registros de 868 asesinatos.

Insistieron en que con fundamento en las recomendaciones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las personas y colectivos firmantes denunciaron que las investigaciones de asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género son prejuiciadas y sesgadas por hipótesis que justifican y revictimizan a las personas.

Por lo que exigieron que ante el asesinato de una persona de las diversidades sexuales, el sistema de justicia investigue si el delito fue cometido a partir de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de la víctima.

Además, que toda la cadena del aparato de justicia cumpla los protocolos de investigación, de resguardo de evidencia y de cadena de custodia de personas imputadas; respeto a las orientaciones sexuales, las expresiones de género y las identidades de género de las víctimas, especialmente cuando resulten ser personas trans, independientemente de su sexo asignado al nacer y de contar o no con el reconocimiento jurídico a su identidad de género.

También exigen la visibilización de estos asesinatos para evitar también su muerte simbólica y que sus nombres sean enunciados con dignidad y respeto; el derecho a la memoria histórica; que las personas trans sean nombradas y recordadas a partir de sus identidades y expresiones de género, aunque no hayamos tenido la oportunidad de rectificar sus documentos de identidad.

Demandan que el Estado y los medios de comunicación mencionen a las personas trans por los nombres y las identidades de género con las que socialmente eran conocidas, independientemente de sus documentos de identidad, usando los pronombres adecuados al género con el que se identificaban.

En el documento que lleva casi cientos de firmas en todo el país, exigen que los asesinatos de las mujeres trans sean analizados dentro de los contextos de la tipificación penal de feminicidio y se consideren como parte de la estadística bajo el rubro de transfeminicidios.

Y denunciaron que los altos niveles de crueldad y violencia con el que son cometidos los crímenes hacia las poblaciones de las diversidades sexuales pasan por formas de extrema humillación, degradación y violación que quedan impunes o no se toman en cuenta al establecer las penas respectivas.

Se quejaron también de las violaciones por las fuerzas de seguridad del Estado a lo largo de todas las etapas de la custodia policial que derivan en tratos humillantes, extorsiones y la demanda de “favores” sexuales así como el uso excesivo de la fuerza, especialmente a personas trans, trabajadoras sexuales o defensoras de los derechos humanos.

Piden que cese la violencia sexual hacia las poblaciones de las diversidades sexuales dentro de los espacios carcelarios y que las personas trans sean ubicadas en los centros de detención que mejor les garanticen seguridad y protección por su identidad y expresión de género.

De igual forma se quejaron que aún existen personas prestadoras de los servicios de salud que niegan atención médica a las personas de las diversidades sexuales, especialmente a las personas trans que acuden solicitando terapias de reemplazo hormonal o que solicitan atención para atender malas praxis médicas anteriores así como el cese a la violencia hacia las enfermedades aún estigmatizantes como el VIH-SIDA.

Finalmente, demandaron al Estado mexicano la urgente e improrrogable atención a su obligación de prevenir, sancionar, y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres incluyendo las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex desde la infancia y adolescencia.