El fallo emitido por la Sala Constitucional de Costa Rica que da 18 meses al Congreso para aprobar el matrimonio gay ha causado hoy críticas y sorpresa entre organizaciones de derechos humanos.

“Nuestro compromiso con la igualdad plena de derechos se mantiene intacto”, dijo en su cuenta de Facebook el Presidente de la República, Carlos Alvarado.

Añadió que como corresponde en un Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo respeta lo resuelto por la Sala Constitucional.Confiamos en que el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de derecho prevalecerá, ya sea que la Asamblea Legislativa reconozca el matrimonio igualitario en el término de 18 meses, o en su defecto, una vez que la norma actual pierda vigencia finalizado el plazo.

“De nuestra parte seguiremos impulsando acciones que garanticen la no discriminación de ninguna persona por su orientación sexual o identidad de género, y la protección del Estado a todas las familias en condiciones de igualdad”, aseguró el mandatario costarricense.

La Defensoría de los Habitantes indicó en un breve pronunciamiento que respeta la decisión de la Sala Constitucional, pero que le sorprende.

“El Tribunal dejó escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica”, indica el pronunciamiento.

Por su parte, el Movimiento Nacional por el Matrimonio Igualitario manifestó su “absoluto rechazo” a la resolución de la Sala Constitucional, pues el tribunal “no reconoció el matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo”.

Además, afirmó que la decisión de los magistrados “constituye el mayor retroceso en la protección de los Derechos Humanos desde la instalación del Tribunal Constitucional en 1989”.

“El Tribunal Constitucional, supuesto máximo protector de los Derechos Humanos en Costa Rica, cercenó los anhelos de miles de familias y personas costarricenses que depositaron en la Justicia nacional la confianza para saberse iguales ante la ley, y que se les permitiese desarrollar en forma plena sus proyectos de vida”, dijo en un comunicado la vocera de dicho ovimiento, Nisa Sanz.

La activista dijo que ante el agotamiento de las vías internas del Estado costarricense para el reconocimiento del matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo, su organización acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En un fallo con fecha del 8 de agosto y publicado esta madrugada, la Sala Constitucional de Costa Rica estableció, por mayoría, un plazo de 18 meses para que el Congreso apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, adecúe el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo”, indica el fallo.

La resolución indica que durante el próximo año y medio, permanecerá vigente el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, el cual establece el matrimonio solo entre hombre y mujer.

La Sala declaró inconstitucional ese artículo al igual que los artículos 242 del Código Familia y el artículo 4, inciso M, de la Ley de la Persona Joven, los cuales regulan las uniones de hecho, también solo entre parejas heterosexuales.

En su fallo, la Sala Constitucional citó un párrafo de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de enero pasado, que instó a los Estados a aprobar derechos familiares de la población LGBTI (lesbiana, gay bisexual, transexual e intersexo):

“Esta Corte no puede ignorar que es posible que algunos Estados deban vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación interna y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo, en especial cuando median formas rígidas de reforma legislativa, susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades políticas y de pasos que requieren cierto tiempo”, señala el párrafo de la opinión de la Corte Interamericana.